Casería de Brujas a Docentes Ecuatorianos

De acuerdo a información de la Contraloría General del Estado, entre septiembre de 2011 y marzo de 2017 hubo 1837 denuncias de abuso, acoso y violación, ante las diferentes dependencias del Ministerio de Educación, lo que dio lugar a que el ex Ministro de Educación Dr. Fander Falconí contrató 10 abogados, quienes según un dato de prensa (El Telégrafo), fueron destinados a desarchivar 372 caso, de los cuales a la fecha de la publicación (21 de noviembre de 2018) se habían sentenciado 244 casos, de los cuales se resolvió con destitución 243 y a 1 se le declaró inocente, 51 inadmitidos y 77 estaban pendientes de resolución.

Concordantemente a la información de prensa queda claro que el “desarchivo” de los casos fueron resultado de la emisión del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A de 08 de enero del 2018, mediante el cual el Ministro de Educación ordena la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión a todos los casos en los que se haya resuelto el archivo de los sumarios administrativos seguidos por violencia sexual a estudiantes.

Es así es como el Ministerio de Educación del Ecuador en lugar de realizar un proceso que garantice la sanción a los verdaderos responsables de estos abominables actos de carácter sexual contra estudiantes, al puro estilo de la Inquisición de la Edad Media, decidió implementar una política de persecución a todos los docentes que hayan recibido este tipo de denuncias y violentado todo derecho a la seguridad jurídica y a la defensa, procedió a destituir a todos los docentes, quienes con o sin fundamento recibieron una acusación por acoso y abuso sexual.

Gudiño Gudiño y Cotacachi Abogados, ha identificado la implementación de esta Política de persecución, razón por la cual hemos solicitado al Ministerio de Educación acceso a la información respecto a la implementación del Acuerdo Ministerial  MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A, obteniendo como respuesta una renuencia, más que sospechosa a proporcionar la información completa, razón por la cual hemos interpuesto el Recurso Constitucional de Acceso a la Información, para de esta manera un juez constitucional obligue a esta Cartera de Estado a proporciona las cifras con las cuales quedará probada la casería de brujas que ha emprendido el Ministerio violentado los derechos de los Docentes.

A pesar de la renuencia del Ministerio de Educación a propinar a GG&C Abogados la información en su totalidad, en uno de sus comunicados confirma que hasta el 20 de febrero del 2019, se han destituido a nivel nacional 376 docentes, esto quiere decir que se han destituido al 101% de los casos desarchivados, de acuerdo a la nota de prensa de El Telégrafo.

Como es posible que en los 372 casos desarchivados todos y 4 más, se haya probado que se han cometido actos de violencia sexual contra estudiantes. Si esto fuera real, debería existir 376 docentes juzgados y sancionados penalmente, cosa que no ha sucedido, pes es imposible que de del 100% de denuncias reabiertas, el 101% sean culpables.

Es por esto que GG&C Abogados se solidariza con los docentes cuyos derechos están siendo vulnerados, y una vez que el Ministerio de Educación proporcione toda la información requerida, emprenderá las acciones legales necesarias a fin de que se reivindique los derechos de los docentes vulnerados y se repare integralmente el daño que se eles está causando, producto de esta Pítica de Estado de persecución y abuso del poder en contra de los docentes.