Casería de Brujas a Docentes Ecuatorianos
De acuerdo a información de la
Contraloría General del Estado, entre septiembre de 2011 y marzo de 2017 hubo
1837 denuncias de abuso, acoso y violación, ante las diferentes dependencias del
Ministerio de Educación, lo que dio lugar a que el ex Ministro de Educación Dr.
Fander Falconí contrató 10 abogados, quienes según un dato de prensa (El Telégrafo),
fueron destinados a desarchivar 372 caso, de los cuales a la fecha de la
publicación (21 de noviembre de 2018) se habían sentenciado 244 casos, de los
cuales se resolvió con destitución 243 y a 1 se le declaró inocente, 51 inadmitidos
y 77 estaban pendientes de resolución.
Concordantemente a la información
de prensa queda claro que el “desarchivo” de los casos fueron resultado de la emisión
del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A de 08 de enero del 2018,
mediante el cual el Ministro de Educación ordena la interposición del Recurso Extraordinario
de Revisión a todos los casos en los que se haya resuelto el archivo de los
sumarios administrativos seguidos por violencia sexual a estudiantes.
Es así es como el Ministerio de
Educación del Ecuador en lugar de realizar un proceso que garantice la sanción a
los verdaderos responsables de estos abominables actos de carácter sexual contra
estudiantes, al puro estilo de la Inquisición de la Edad Media, decidió implementar
una política de persecución a todos los docentes que hayan recibido este tipo
de denuncias y violentado todo derecho a la seguridad jurídica y a la defensa, procedió
a destituir a todos los docentes, quienes con o sin fundamento recibieron una
acusación por acoso y abuso sexual.
Gudiño Gudiño y Cotacachi Abogados,
ha identificado la implementación de esta Política de persecución, razón por la
cual hemos solicitado al Ministerio de Educación acceso a la información respecto
a la implementación del Acuerdo Ministerial MINEDUC-MINEDUC-2018-00001-A, obteniendo como
respuesta una renuencia, más que sospechosa a proporcionar la información completa,
razón por la cual hemos interpuesto el Recurso Constitucional de Acceso a la
Información, para de esta manera un juez constitucional obligue a esta Cartera
de Estado a proporciona las cifras con las cuales quedará probada la casería de
brujas que ha emprendido el Ministerio violentado los derechos de los Docentes.
A pesar de la renuencia del Ministerio
de Educación a propinar a GG&C Abogados la información en su totalidad, en
uno de sus comunicados confirma que hasta el 20 de febrero del 2019, se han destituido
a nivel nacional 376 docentes, esto quiere decir que se han destituido al 101% de
los casos desarchivados, de acuerdo a la nota de prensa de El Telégrafo.
Como es posible que en los 372
casos desarchivados todos y 4 más, se haya probado que se han cometido actos de
violencia sexual contra estudiantes. Si esto fuera real, debería existir 376
docentes juzgados y sancionados penalmente, cosa que no ha sucedido, pes es imposible
que de del 100% de denuncias reabiertas, el 101% sean culpables.
Es por esto que GG&C Abogados
se solidariza con los docentes cuyos derechos están siendo vulnerados, y una vez
que el Ministerio de Educación proporcione toda la información requerida, emprenderá
las acciones legales necesarias a fin de que se reivindique los derechos de los
docentes vulnerados y se repare integralmente el daño que se eles está causando,
producto de esta Pítica de Estado de persecución y abuso del poder en contra de
los docentes.
